El vaciado ilegal de la cantina de los barcos, maniobra que se emplea
habitualmente para burlar el coste de liberar las sustancias en
depósitos una vez la embarcación fondea en el puerto, supone la
principal fuente de contaminación marítima. Incluso por encima de los
vertidos causados por accidentes. Así lo advierten las autoridades tras
constatar que los accidentes lanzan al mar unos 0,6 millones de
toneladas de hidrocarburos anualmente por los 2,5 millones que vierten
estos vaciados, según ha detallado la agencia Efe.
Estas prácticas generan graves repercusiones en los ecosistemas
marinos y en la actividad turística. Las distintas administraciones
emplean cada vez más medios de aéreos de reconocimiento, además de una
vigilancia en imágenes obtenidas por satélite e inspecciones en los
puertos.
La organización marítima internacional y los estados marítimos de la
UE se han comprometido a revisar el 25% de todos los buques extranjeros
que lleguen a su puerto, en función de la bandera, la compañía y su
historial de navegación.
Todos los océanos padecen este tipo de vertidos pero la contaminación
afecta más algunas zonas que otras. Los vertidos operacionales
realizados al margen de la normativa que regula la contaminación marina
afecta especialmente a mares relativamente cerrados como el
Mediterráneo. este representa solo el 1% de la superficie oceánica
global pero soporta el 30% del tráfico mundial de petróleo.
En Cataluña, este volumen de tráfico incide especialmente en
Tarragona. Los juzgados mantienen tres causas abiertas relacionadas con
vertidos en la provincia y ha imputado a dos directivos de Repsol por
uno de ellos, aunque en ningún caso las pesquisas han terminado en
condena.
Estas prácticas generan graves repercusiones en los ecosistemas
marinos y en la actividad turística. Las distintas administraciones
emplean cada vez más medios de aéreos de reconocimiento, además de una
vigilancia en imágenes obtenidas por satélite e inspecciones en los
puertos. En algunos casos, se puede llegar a detener el buque para que
no navegue si se comprueba que es el responsable de algún vertido.
La investigación de la fiscalía es una medida habitual que no
anticipa ninguna derivación penal. La Fiscalía de Tarragona mantiene una
intensa coordinación con Salvamento Marítimo, que ha sido clave para
abrir tres causas judiciales tras los vertidos detectados. El problema
es la dificultad de acusar con pruebas y testigos, señalan fuentes
judiciales.
Las empresas, por su parte, suelen demorar al máximo los procesos
para dificultar que la fiscalía pueda demostrar los perjuicios causados
en un medio tan cambiante como el marino.
"Todo vertido es una agresión al medio ambiente", ilustra Ramon
Martín, catedrático de la Universidad de Alicante y especialista en
Derecho Ambiental. "El delito depende de la magnitud de la agresión. El
problema en estos casos es precisar la agresividad del vertido con el
medio. Demostrar los daños causados al mar, por ejemplo, resulta más
complejo cada día que pasa", señala.
En su lugar, las empresas suelen afrontar multas administrativas. El
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat ha impuesto 14
sanciones en cinco años, la mayor de 90.000 euros. "Es una invitación
para que las empresas sigan contaminando", lamenta un portavoz de
Greenpeace.
Irene Martín Patón.
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